viernes, 3 de septiembre de 2010

LA INTERVENCION DEL SENADOR FERNANDEZ EN EL PAQUETE DE LEYES PROPUESTO POR SCIOLI PARA LA SEGURIDAD DE BS.AS

HONORABLE SENADO
Octava sesión ordinaria – 25/8/10
Versión taquigráfica

Sr. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el senador Carlos Fernández.

Sr. FERNANDEZ (Carlos).- Señor presidente: es para referirme en el mismo sentido que el señor senador Malagamba.
Parecía que veníamos votando todas y cada una de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, anunciadas en el medio de un hecho que conmocionó a la opinión pública, la cual viene conmocionándose cada tanto con hechos de similares características -lamentablemente, cada vez con mayor asiduidad-, teniendo en cuenta el incremento del nivel de violencia de los hechos delictivos en nuestra Provincia.
No podíamos dejar pasar esto como un simple trámite legislativo sin llamar a la reflexión acerca de lo que está sucediendo.
El gobernador vuelve a convocar al Consejo de Seguridad, como lo ha hecho cada vez que ha aparecido un hecho conmocionante.
Aspiramos a trabajar en ese Consejo de Seguridad, pero no para sacarnos la foto, como ha sucedido en oportunidades anteriores; la foto, simplemente, de la búsqueda de la corresponsabilidad del hecho que conmociona para, posteriormente, no convocar más a una nueva reunión para avanzar en las cuestiones concretas.
Creo que es importante señalar que no es solamente con legislación que se resuelve el tema de la seguridad, porque a veces instalamos fuertemente en la población la idea de que sancionamos una ley más en la Legislatura y, a partir de allí, se terminan los problemas de seguridad.
Esto no es otra cosa que buscar cambiar el lugar donde realmente tenemos el problema.
En los últimos 10 años, llevamos 23 modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Creo que el promedio me da una cada cinco meses.
No está mal que se modifique el Código de Procedimiento Penal. Hay que ir aggiornando la ley a las nuevas situaciones. Lo que está mal es plantear cada una de estas modificaciones legislativas como la solución, cuando, en realidad, por lo menos desde mi humilde punto de vista, la cuestión pasa por otro lado.
Hace instantes, discutimos y sancionamos una ley que tiene que ver con la comisión de torturas en las cárceles de nuestra Provincia.
A la fecha, tenemos 30.132 detenidos en la provincia de Buenos Aires; 4.040 de ellos en las comisarías. Obviamente, son lugares que no están preparados para tener prisioneros custodiados por gente que no está preparada para esto; además, distrayendo recursos económicos y humanos de la prevención para atender lo que hoy tenemos en las comisarías, con el agravante de que muchos municipios, a partir de la creación de la Policía comunal, tienen que estar sosteniendo este estado de situación. Hoy, muchos calabozos de las comisarías del interior alojan presos del Gran Buenos Aires, recibiendo -si la memoria no me falla- 80 centavos por día para darle de comer al prisionero.
Esta realidad indica que, de los 30.000 detenidos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el 76 por ciento, de acuerdo a estudios realizados por organismos de derechos humanos, ONG, entidades no gubernamentales y entidades gubernamentales, sólo alcanza, en el mejor de los casos, a completar su educación primaria.
El 80 por ciento de los detenidos no tenía trabajo estable antes de ser detenido, mientras que el 40 por ciento de los 30.000 detenidos ha tenido problemas de nutrición en edades tempranas de crecimiento, que, obviamente, afectan la situación cuando llega el momento de tomar decisiones.

- Ocupa la Presidencia el señor senador Roberto Costa, vicepresidente segundo, y se retira el señor vicepresidente primero, señor senador Federico Carlos Scarabino.

Sr. FERNANDEZ (Carlos).- Me refiero al avance incesante de la droga y los niveles de exclusión social y de pobreza extrema que tenemos en los grandes conglomerados urbanos de la provincia, pero que además se agravan en el grupo de jóvenes de hasta 25 años, lo que en gran parte explica las situaciones de adicción y canalización hacia el delito para sostener esa adicción.
Parecería que este paquete de leyes no da ninguna de las respuestas a los problemas centrales que hoy tenemos. Aspiramos seriamente a que se plantee en el seno del Consejo de Seguridad el avance sobre algunas cuestiones concretas que tienen que ver con inversiones que hay que realizar.
Nueve mil plazas es el déficit del sistema penitenciario en la Provincia de Buenos Aires, y venimos, como bien se ha dicho, con la construcción de alcaidías demoradas y con la necesidad de modificar y reparar muchas de las unidades carcelarias que tenemos en la Provincia.
Hay hoy unidades carcelarias en la Provincia que tienen acordadas de las Cámaras penales de algún departamento judicial que impiden colocar más detenidos en esas cárceles, porque tenemos un hacinamiento que supera el 53 por ciento del total de prisioneros que puede haber en ese lugar. Creamos juzgados que no tienen edificios para poder funcionar.
Parecería que aquí hay que barajar y dar de nuevo. Aquí hay que empezar una historia distinta que no alcanza con la improvisación permanente y con ir a los banquinazos de un lado hacia el otro. La realidad es que cada vez que hemos dado banquinazos en esta Provincia de Buenos Aires hemos generado consecuencias que en algunos casos son absolutamente impensadas.
Cuando aplicamos políticas de mano dura –época Ruckauf- o con la sanción de la “ley Blumberg”, cuando teníamos grandes movilizaciones en la Provincia, pasamos de un promedio de 15 mil detenidos a 30 mil. Y el proceso no fue acompañado por la creación de infraestructura suficiente para atender esas nuevas situaciones.
Esos banquinazos que pegamos para un lado, al año siguiente lo pegamos para el otro lado, y vamos de la mano dura a lo que supuestamente llamamos mano blanda, desde el garantismo extremo hasta la locura que nos agarra a todos cuando hay algún hecho que conmociona a la opinión pública.
Pareciera que es hora de construir una política de estado en serio en un tema absolutamente central que ocupa claramente la preocupación central de todos los bonaerenses. Y para ello es imprescindible que exista la voluntad política de construir una política de Estado. Obviamente, la oposición aquí tiene que colaborar y aportar aquellas cuestiones que pueden hacer al mejoramiento de una situación que abarca la totalidad de la Provincia. Pero centralmente, desde el oficialismo, desde quien gobierna, no hay política de estado si no existe voluntad política concreta de avanzar sobre las cuestiones que acordamos. No hay política de Estado, si no se consulta al conjunto de la sociedad, además de los partidos políticos. No hay política de estado si no se tiene continuidad en el tiempo con la política de estado.
Por ello es que celebro, por un lado, la convocatoria al Consejo de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero también expreso la preocupación por la situación gravísima que tenemos en el tema de seguridad y además manifiesto la preocupación porque esta nueva convocatoria no se transforme en una foto más, como han sido todas y cada una de las convocatorias.
En ese sentido, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. No hace al centro de la cuestión ni resuelve remotamente el problema. Es simplemente un aporte más y una clara muestra de la buena voluntad que tenemos desde la oposición al oficialismo para atender a uno de los problemas centrales que hoy tiene la Provincia de Buenos Aires.